Por el Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión (CeID-TV). Colombia es de diversos colores raciales y culturales. Más hermosos y vistosos que las tonalidades del grandioso mar de siete colores en San Andrés al norte o la bandera Whipala que identifica etnias indígenas a lo largo de la Cordillera de Los Andes; desde el altiplano Boliviano hasta las montañas del verde Sur o las de la Cordillera Oriental en el Centro del país. Lastimosamente esos colores han intentado opacarse hace centenares de años por occidente, y más recientemente, hace décadas, por los mismos colombianos. Aquellos quienes desde una nominación retorica son llamados guerrilleros, paramilitares u oposición, pero que finalmente son colombianos que por desigualdades sociales o deseos mórbidos de poder han emprendido una guerra que tiene desangrada la nación. Sus colores se han teñido de rojo sangre.
Pero allá en las montañas o en la urbe de las ciudades han florecido procesos políticos y sociales que aportan a que esa pluralidad cultural sobreviva a la corrupción, la falta de inversión social y que el Gobierno Nacional comprenda que debe ser transformado. Esperamos con optimismo que antes de que acabe el Siglo XXI esa tierra tan lastimada tenga la oportunidad de unirse a los pasos latinoamericanos de reconstrucción social y cultural: Ecuador con Rafael, Bolivia con Evo, Uruguay con el legado de Pepe Mujica, Venezuela con la historia que escribió Chávez (QEPD) y la dirigencia de Maduro y Argentina con Nestor Kirchner (QEPD) y Cristina Fernández de Kirchner. Procesos nacionales que han ofrecido a los "sin voz" oportunidad de coexistir, visibilizarse, comunicarse.
Sabemos que existe una dicotomía intrínseca en la comunicación (televisiva, radial, escrita) por su finalidad comercial y su obligación social. Sin embargo estos gobiernos latinoamericanos han priorizado sobre la función social de los medios de comunicación públicos y privados; y han apostado por la importancia de las representaciones sociales y culturales, garantizando que dichas representaciones sean vistas, interpretadas, conocidas e interpeladas por la sociedad en general. Aceptando que los medios de comunicación “estructuran la imagen de la realidad social, a largo plazo, a organizar nuevos elementos de dichas imágenes, a formar nuevas opiniones y creencias" .
Estos esfuerzos políticos demuestran lo importante de la democratización comunicativa, el apoyo a nuevas producciones y productores, la constitución de un sistema de medios de carácter público, la educación de los usuarios y las reflexiones sobre el surgimiento de herramientas, usos y posibilidades que habilitan las nuevas tecnologías; entre ellas la nueva Televisión Digital Terrestre y la apertura de diferentes multipantallas interactivas.
Esta tendencia de democratización surge en la Argentina en 2010 con la Ley de Medios 26.522, propuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta Ley deroga literalmente la reproducción de medios dictatoriales, pues en este país se ejercía la información y la comunicación bajo una antigua ley que funcionaba desde la dictadura de 1980. La aprobación y reglamentación significó una transformación determinante en los medios de comunicación públicos y privados, permitiendo la participación activa de grupos sociales, organizaciones públicas y ciudadanía en general que se podrán proyectar como productores y usuarios activos de la comunicación social:
“La razón de ser de la radiodifusión en particular y la comunicación social en general es la de ser soporte material del derecho humano a la comunicación y la información. No menos que eso. Nunca. Entonces, el perder de vista que el sentido de las regulaciones y las políticas deben tener esa lógica, es literalmente violar los derechos humanos de todos y cada uno de los que nos vemos frustrados, donde fuere, de tener medios de comunicación y contenidos que no respeten a cabalidad que el fundamento de la regulación de la radiodifusión es la preservación y promoción de la diversidad y el pluralismo”.
Por otro lado citamos la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, propuesta y aprobada en junio de 2013 bajo la dirección del presidente Rafael Correa. Dicha Ley promulga que los espacios audiovisuales y de radiodifusión deberán distribuirse en un 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios; entre otras consignas que garantizan la democratización de los espacios radioeléctricos.
"Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación. Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana" .
Del mismo modo el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido reconocido por los empoderamientos logrados para con los pueblos indígenas de este territorio, hace parte de este proceso latinoamericano. Fue hacia el 2011 cuando se presentó y aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Se establece que las frecuencias de radiodifusión serán divididas en un 33% para el Estado,33% para el ámbito comercial, 17% para el sector social comunitario y 17% para los pueblos indígenas originarios y campesinos .
Muchas personas podrían decir que estos y otros planteamientos similares se encuentran en las estipulaciones de las Leyes que rigen los medios de comunicación y audiovisuales a nivel latinoamericano, sin embargo son otras las realidades. En Colombia por ejemplo en las disposiciones de la Autoridad Nacional de Televisión, agencia nacional que tiene por objeto ofrecer herramientas en pro de la ejecución de planes y programas en el servicio público de televisión; plantea que dentro de sus principales objetivos se encuentra el de:
“prestar atención a ítems como la representación de las minorías étnicas en la televisión colombiana, todos los géneros y formatos, lo cual permita entender las necesidades de dichos grupos, abordar el tema del sentido de una televisión étnica que garantice los derechos a la participación y reconocer la etno-educación como una herramienta no solo para considerar la diversidad, sino para aceptarnos como mestizos” .
Empero es difícil creer esto posible. En Colombia los medios de comunicación privados son claramente un mercado monopólico dominado por dos grandes grupos económicos: por un lado las familias Santo Domingo y López, accionistas mayoritarias del canal de televisión Caracol y por el otro Carlos Ardila Lule, propietario del canal de televisión RCN. Empresarios que además de ser dueños de los canales televisivos, manejan la circulación mediática de muchas cadenas radiales a nivel nacional, regional y local; periódicos, revistas de opinión y otros productos informativos y de consumo mediático; todo ello sin ninguna restricción legal que garantice la democratización y la libre circulación de la información nacional. La actual Ley de Medios en Colombia es una farsa comprobable; válida para citar al actual presidente del Ecuador cuando afirma que "desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta".
Ponencia completa a presentar en el XVII Congreso de REDCOM, Universidad Nacional de Córdoba. 2015 (adjunta)
*Análisis realizado por Eliana Noscué Mera, Comunicadora Social y Periodista, Licenciada en Literatura de la Universidad del Valle - Cali - Colombia y becaria Conicet que desarrolla tareas en el Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión (CeID-TV), de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, dirigido por el Dr. Leonardo González y co-dirigido por la Esp. Silvina Pauloni.